Propuestas del pp en materia de inmigración. El programa del PP para el 29-N, presentado el 10 de noviembre de 2026, resume su política migratoria en tres compromisos: identificar en un máximo de siete días a quien cruce ilegalmente la frontera y devolverlo sin demora con el nuevo mecanismo europeo; cupos anuales de inmigración por sectores, ajustados al paro, a los puestos sin cubrir y a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo, en los que solo participarán los países que colaboren en los retornos, y una nueva Ley de Nacionalidad que exigirá residencia legal y continuada, conocimiento del español y de los valores constitucionales, buena conducta cívica y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, con trato preferente para los países de la Hispanidad. Para Ceuta y Melilla pedirá a Bruselas el trato que la UE dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia. El detalle procede del Plan Nacional para una Inmigración Legal, Ordenada y Mutuamente Beneficiosa, presentado en octubre de 2025. Su eje es un visado por puntos que valora formación, experiencia, idioma e integración, con dos vías: contrato en origen o visado temporal para buscar empleo en sectores con falta de mano de obra; pertenecer a la Hispanidad puntúa a favor. Añade cuotas anuales por países y sectores, solo para los países que colaboren en las repatriaciones, migración circular con retorno garantizado para campañas agrícolas y la construcción, y una autoridad única que sustituya a los cinco ministerios que hoy intervienen. El plan pone fin a las regularizaciones generalizadas, como la extraordinaria que el Gobierno anunció en enero de 2026, y las sustituye por un régimen transitorio individual y por puntos. El arraigo y la reagrupación familiar volverían a ser excepcionales, las ayudas no urgentes exigirían residencia legal y no solo empadronamiento, y el Ingreso Mínimo Vital se ligaría a buscar empleo. La expulsión sería la regla tras una condena por delitos especialmente graves o por reincidencia; se ampliaría la estancia en los CIE y la nacionalidad exigiría un nivel B2 de español y un examen reforzado. Tras la entrada masiva en Ceuta de finales de julio, Feijóo prometió en la ciudad el 7 de octubre de 2026 que las 15.000 personas en situación irregular que calcula allí deben abandonar España y anunció una nueva Ley de Extranjería para devolver de inmediato a quien entre de forma irregular. En el Contrato con España que firmó el 19 de octubre se comprometió además a prohibir por ley las regularizaciones colectivas, a que la entrada o la estancia ilegal no den acceso a la residencia, a endurecer los requisitos de la nacionalidad y a que quien venga a delinquir «tendrá que marcharse». En el programa oficial. El programa exige firmar un compromiso de integración para renovar la residencia temporal, con obligación de aprender español y conocer la Constitución, y propone prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. Para los menores fija 72 horas como máximo para determinar la edad, crea el delito de fraude de identidad, edad o nacionalidad y sustituye el reparto como respuesta principal por un modelo de protección individualizada con retorno. Impulsa centros de retorno en terceros países y condicionar los visados y la cooperación al desarrollo a que cada país coopere en las readmisiones; extender el rechazo en frontera a las entradas a nado en Ceuta y Melilla, y el apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera cuando lo exija la seguridad nacional. Regula la pérdida de la nacionalidad de quienes no sean españoles de origen tras condena firme por determinados delitos graves. ¿Qué propone el PP sobre inmigración en 2026? Cupos anuales por sectores solo con países que colaboren en los retornos, identificación en siete días de quien entre ilegalmente, regularizaciones masivas prohibidas, compromiso de integración para renovar la residencia, expulsión de quien cometa delitos graves o reincida y una Ley de Nacionalidad más exigente.
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