Propuestas electorales del pp en materia de Justicia

Propuestas electorales del pp en materia de Justicia. «Regenerar la democracia» es el segundo de los cuatro ejes del programa que el PP presentó el 10 de noviembre de 2026. Entre sus medidas destacadas, el fiscal general del Estado no dependerá del Gobierno: tendrá un mandato único de cinco años que no acabará con el Ejecutivo que lo propuso, su nombramiento exigirá un informe vinculante del CGPJ y cesará de inmediato si es procesado. Para el Tribunal Constitucional, ningún candidato podrá haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores y ningún magistrado decidirá sobre una norma que impulsó desde el Gobierno. Una segunda prórroga presupuestaria consecutiva obligará a disolver las Cortes. En la presentación, Feijóo prometió además reformar el suplicatorio, reducir los aforamientos, endurecer las penas por malversación y no indultar «a ningún político condenado por corrupción». El resto de sus líneas procede de la ponencia política de julio de 2025 y de sus entrevistas de octubre de 2026. En el Consejo General del Poder Judicial, quiere que los jueces elijan a los jueces. Nadie podría entrar en el CGPJ o el Tribunal Constitucional sin llevar cinco años fuera de cualquier cargo público, y los jueces y fiscales que hayan sido políticos no podrían volver a juzgar en dos años, plazo que el programa electoral eleva a cinco. También promete reformar las leyes para que el Constitucional no actúe como tribunal de casación del Supremo y para que el fiscal general cese automáticamente si es procesado. En el Contrato con España que firmó el 19 de octubre se compromete a que los organismos reguladores, el Constitucional y la Fiscalía General estén dirigidos por personas independientes, a presentar presupuestos cada año y a convocar elecciones si se acumula más de una prórroga, y a que los cargos políticos respondan por la corrupción de sus subordinados. El indulto se prohibiría para terrorismo, corrupción, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional y delitos contra menores, y el de un cargo político exigiría el voto de dos tercios del Congreso. Defiende mantener la acusación popular. Su secretario general, Miguel Tellado, ha anunciado la derogación de la Ley de Amnistía, aunque admitió que no podrá deshacer todos sus efectos, y la vuelta atrás de la reforma de la sedición y la malversación. El programa de 2023 ya prometía recuperar la sedición y castigar los referendos ilegales. La ponencia añade derogar la Ley de Memoria Democrática, impedir que condenados por delitos de sangre vayan en listas electorales y exigir a los condenados por terrorismo que pidan perdón para obtener el tercer grado. En el programa oficial. El programa obliga a resolver en noventa días los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales y amplía el recurso previo a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado. Los jueces elegirán a los doce vocales judiciales del CGPJ, y los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos no podrán volver a juzgar ni a acusar hasta cinco años después de su cese. Compromete iniciar en los primeros cien días la reforma de RTVE y EFE y refundar el CIS con un presidente de mandato propio. Añade un registro público y obligatorio de lobbies, la publicación íntegra de los pactos de investidura, una nueva regulación que sustituya a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y límites al decreto-ley: no podrá aprobarse otro con el contenido sustancial de uno rechazado por el Congreso en el mismo periodo de sesiones. ¿Qué propone el PP sobre justicia en 2026? Fiscal general con mandato único de cinco años, cinco años de espera para pasar de la política al Constitucional o al CGPJ, jueces que eligen a sus doce vocales, elecciones tras una segunda prórroga presupuestaria, ningún indulto por corrupción y derogar la Ley de Amnistía.

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